Parlament. Maria Antònia Munar presidió, junto a Antonio Terrasa, la

Publicidad

El presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, indica que las dependencias de Maó y Ciutadella no reflejan una situación preocupante a finales del año 2007

Xim Fuster Palma

Los juzgados de Maó y Ciutadella cerraron el ejercicio de 2007 con un total de 2.707 causas pendientes de resolver, aunque esta cifra fue minimizada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), Antonio Terrasa, quien manifestó que, en el caso de Maó, “la recuperación del esfuerzo resolutorio en el orden civil ha permitido absorber en buena medida el desaforado aumento de asuntos, mientras que en el orden penal no se ha logrado mantener la capacidad resolutoria”. Sobre los juzgados de Ciutadella, el TSJIB indica que “el aumento de la capacidad resolutoria ha desembocado en un resultado final favorable, pese al incremento de asuntos en ambos órdenes jurisdiccionales”.

Éstas son dos de las conclusiones aportadas en la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del TSJIB de 2007, que fue presentada ayer ante el Parlament balear. Cabe señalar, asimismo, que en 2007 se resolvieron 1.335 casos de asuntos civiles en Maó, un 11 por ciento más que los registrados en el ejercicio anterior; en el caso de los asuntos penales, se resolvieron 4.203 casos, un 5,6 por ciento menos que los 4.452 resueltos en 2006. Los juzgados de Ciutadella presentan una visión más favorable, ya que durante 2007 se resolvieron 761 casos civiles, frente a los 749 de 2006; en asuntos penales, se cerraron 4.037 causas, casi un 10 por ciento más que las resueltas en 2006.

En el apartado de infraestructuras, Menorca presenta las carencias ya apuntadas en ejercicios anteriores. En todo caso, la Memoria recoge la opinión del decano de los jueces de Maó, Bartomeu Mesquida quien aparte de sugerir “la creación de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente para Menorca”, reitera la situación concerniente a los edificios judiciales, puesto que “el Juzgado de lo Penal y el de Primera Instancia e Instrucción número tres siguen provisionalmente ubicados en una planta baja del POIMA y en un local sito en el Paseo Marítimo”. Por tanto, uno de ellos, el Penal, lejos de los demás órganos judiciales y de la propia ciudad y el otro “en una sede provisionalísima y también alejada del inmueble central de Fort de l’Eau”. Es por ello que “debería activarse la construcción del nuevo edificio judicial para integrar todos los órganos presentes y los que en el futuro se vayan concretando. Sigue sin contarse con un perito tasador estable y no se dispone, por idénticos motivos, de una Oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos”.

En el caso de Ciutadella, el juez decano expresa que “el edificio de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción presenta obsolescencia en sus instalaciones y deficiencias arquitectónicas que generan disfuncionalidad, especialmente la falta de espacio para desarrollar con suficiente comodidad las tareas”.

En el conjunto de Balears, Terrasa destacó que del total de asuntos pendientes, la jurisdicción penal es la que más causa acumula en lista de espera (un total de 36.148), mientras que la jurisdicción social fue la que más trabajo acumuló en el último año, con 2.341 causas pendientes y un incremento del 20.3 por ciento en relación al año anterior.La huelga, con consecuenciasTerrasa mostró su preocupación por la actual huelga de funcionarios de Justicia, que ya ha entrado en su séptima semana. Al respecto, expresó que es “una huelga importante, de magnitud hasta hoy desconocida y que tendrá repercusiones”. Ante esta situación, el Consejo General del Poder Judicial ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Justicia para establecer una serie de medidas que palien el “impacto negativo de esta huelga de larga duración”. En estos momentos se están recabando datos que se computarán a finales de marzo para poder “realizar un análisis sensato y con fundamento” y establecer un plan de actuación, según informó Terrasa.

El magistrado adelantó que la capacidad de recuperación “será diferente en cada órgano” y afectará menos a los que dictan sentencia que a los que se ven obligados a realizar toda la tramitación de expedientes.