Ernesto Abati. Subdirector de Programas de Atención al Ciudadano

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El experto en ventanilla única ofreció una conferencia sobre la nueva ley de acceso electrónico a la Administración en el Ayuntamiento de Maó

Ángeles M. Obispo Maó

Ernesto Abati García-Manso (Madrid, 1961), subdirector general de Simplificación Administrativa y Programas de Atención al Ciudadano del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), ofreció ayer una ponencia sobre la nueva Ley para el acceso electrónico de la ciudadanía a la Administración dentro de las jornadas sobre administración electrónica, organizadas por el Ayuntamiento de Maó. La jornada inaugural contó con la presencia del alcalde, Arturo Bagur, y la presidenta del Con­sell Insular, Joana Barceló. Hacer la declaración de la Renta, acceder a datos fiscales, obtener certificados o ayudas, son algunos de los trámites que se podrán realizar gracias al uso de la firma electrónica que incorpora el nuevo DNI. La Ley garantiza la misma validez jurídica de las comunicaciones electrónicas que las realizadas en soporte papel.

¿Qué pretende la nueva ley?

Generalizar el uso de medios electrónicos en las relaciones entre ciudadanos y la Administración. Para eso a partir del 1 de enero de 2010 todas las administraciones tienen que garantizar que cualquier gestión pública se pueda hacer por medios electrónicos.

¿Pero no cree que la normativa va muy por delante de los medios disponibles actualmente?

La Ley habilita instrumentos para que ciudadanos que no tengan estos medios puedan utilizarlos acudiendo a oficinas públicas, donde habrá funcionarios que realizarán en su nombre esas gestiones.

¿El ciudadano está preparado para manejar esta tecnología?

En caso de que no tenga los conocimientos necesarios será asistido por un funcionario.

¿Se pondrá fin a la burocracia, al vuelva usted mañana?

(Sonríe) Acabar con la burocracia es complejo, pero con el vuelva usted mañana esperamos que sí. De hecho no se van a volver a pedir datos que ya estén en manos de otra Administración, se acabó el trámite de aportar fotocopias del DNI y de otros documentos.

¿Este sistema acabará con puestos de trabajo dentro de las administraciones públicas?

No. Tampoco existe tanta dotación de recursos humanos. El sistema facilitará los trámites al ciudadanos y acelerará la obtención de respuestas. Los empleados públicos deberán recibir formación durante este período transitorio ante las nuevas exigencias.

¿Cuántas actuaciones puede realizar una persona a lo largo de su vida con la Administración?

Hemos hecho un censo de las actividades de la Administración General del Estado y sale una media de 1.700 procedimientos, pero realmente sólo 20 representan el 50 por ciento de las relaciones que tiene el ciudadano y las empresas con la Administración. De todas formas, depende de cada uno.



¿Cómo se garantiza la confidencialidad del volumen de datos que manejará la Administración?

Es uno de los grandes retos. España dispone de una Ley Orgánica de protección de datos muy severa. Un Ministerio no puede acceder a los datos fiscales de un ciudadano salvo en casos muy tasados o con el consentimiento del ciudadano. También hay un sistema de rastreo de accesos no permitidos.

La Administración va camino de convertirse en el gran hermano que todo lo sabe de nosotros.

No, porque no quiere decir que esos datos se crucen.

¿Sin embargo, la Agencia Tributaria tiende a hacerlo?

Sí, pero dentro de los requerimientos legales para detectar delitos o irregularidades. No acumula datos para elaborar un perfil de los ciudadanos porque no está permitido.

La más avanzada de Europa ¿Qué dotación económica incorpora la ley?

La Ley tiene una memoria económica, pero dependerá de la inversión de las diferentes administraciones, aunque el Estado ha creado una línea de ayudas. En el ejercicio 2008 se invertirán unos 300 millones de euros.

¿Su implantación puede originar graves diferencias entre comunidades que tienen la tecnología otras que no?

La ley terminará con las diferencias que ya se producen.

¿Los trámites electrónicos que se realicen en España servirán en Europa?

Ésta es la ley más avanzada de la Europa occidental. No hay ninguna que reconozca con esta generalidad el derecho del ciudadano a utilizar medios electrónicos. Pero hay que tener en cuenta que las relaciones con la Unión Europea no son siempre a través de administraciones.