Reválida. Muñoz aspira a repetir como parlamentaria en Madrid

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La candidata defiende que el desarrollo de las nuevas normativas sociales permitirá avanzar en la igualdad entre géneros y el apoyo a las familias

f. saborit Maó

Gràcia Muñoz repite como candidata del PSOE al Congreso después de cuatro años como diputada en Madrid. Una legislatura en la mayoría socialista de la que destaca “la satisfacción de contribuir con mi voto a la aprobación de leyes que han mejorado la convivencia, los derechos y las libertades”.

En política activa desde que entró en la candidatura socialista de Maó en 1995, Muñoz afirma que con el actual Gobierno se han sentado las bases normativas para avanzar en la igualdad de hombres y mujeres y en el apoyo a la familia y a las personas dependientes.

Las leyes sociales a las que alude carecen, según la oposición, de suficiente dotación económica para aplicarse.

Para mí el aspecto clave es haberlas puesto en marcha, no pueden desarrollarse de un día para otro. La Ley de Dependencia se ha dotado suficientemente para el primer año y la de Igualdad tendrá que pactarse con las empresas, mediante el diálogo.

¿Y la Ley contra la Violencia de Género? Esta semana se produjeron cuatro muertes en un sólo día.

Está claro que debemos tener más jueces y más policía para acabar con esta lacra, pero también es necesaria pedagogía, no sólo es cuestión de financiación. Las propias familias no pueden proteger a los maltratadores.

¿Cómo plantean abordar otro gran reto social, la inmigración?

Los inmigrantes nos han ayudado a tener el crecimiento económico y el nivel de vida que tenemos, recogen la fruta que nos comemos o cuidan a nuestros familiares, son necesarios. Lo que queremos es que venga gente con contratos y qu e esté regularizada, además de aumentar la ayuda al desarrollo para que no tengan que dejar sus países. Por otro lado, el Gobierno actual ha repatriado a 341.726 inmigrantes ilegales, frente a los 257.441 repatriados entre los años 2000 y 2003.

¿Se ampliará el descuento de residente a los extracomunitarios?

Tenemos que trabajar para ello, pero es necesario un estudio económico y la revisión de la declaración de Servicio Público del transporte aéreo entre islas. Hay que recordar que los residentes comunitarios en Balears hemos tardado cinco años en llegar al descuento del 50 por ciento. Es algo que no se resuelve con una simple moción como la que presentó el PP en el Senado.

¿Apoya la idea de fijar un precio social y estable para los billetes?

Sí pero hay que saber cómo. Con la liberalización del sector aéreo no decide sólo el Estado, cualquier ayuda a las compañías pasa por la aprobación de la Unión Europea y la modificación de la actual declaración de Servicio Público.

¿Trabajan ya en ello?

Se ha comenzado a estudiar. Lo que propone el PSOE es extender el descuento a los extracomunitarios residentes en Balears, Canarias, Ceuta y Melilla, revisar la declaración entre islas y establecerla en los vuelos con la Península. Lo que sí destacaría es que lo prometido en 2004, aumentar el descuento del 33 al 50 por ciento, se ha cumplido.

Casi un mes de parón en los juzgados y una huelga a punto de iniciarse en la sanidad ¿qué ocurre en las Islas con los servicios básicos?

La sanidad arrastra un déficit desde que se recibieron las competencias en 2002, con una dotación ínfima para las necesidades de Balears. En 2006 el Gobierno aportó la cantidad extraordinaria de cien millones de euros. Es una competencia autonómica y creo que se avanza en reconducir el conflicto. Estoy de acuerdo en la reivindicación, pero hay que tener en cuenta que el Govern quedó con las arcas vacías y está concentrando sus esfuerzos en sanidad y educación.

¿Y la justicia?

En este conflicto influyen varias cuestiones. El plus de insularidad se reconoció en 2005, pero además está en juego también el inicio de conversaciones para el traspaso de las competencias desde el Gobierno a la Comunidad Autónoma.

¿En qué se traducirá el cambio de financiación anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero?

Todavía es pronto para cuantificar, pero lo importante es que reconozca públicamente que Balears ha sido mal tratada, porque así se podrá paliar el problema del déficit. Es necesaria una revisión global del modelo de financiación que nos beneficiará, porque recibimos recursos en base a la población que teníamos hace diez años, y ahora somos un millón de habitantes.

¿No es peligroso para las arcas públicas tanta promesa económica, como la deducción de 400 euros?

Será una ayuda para la gente que realmente lo necesite y con los estudios económicos que la avalan, igual que las medidas para renegociar el plazo de las hipotecas sin costes de gestión o para paliar la subida de precios. Nunca habían existido ayudas directas a las familias, como el cheque de 2.500 euros por cada niño.

¿Cree que decisiones como el diálogo con ETA pesarán en el votante menorquín?

Creo que el debate debe ser más complejo, no centrarse en si ha habido o no conversaciones. Aznar también habló y acercó presos, nos acusan de cosas que ellos hicieron. El PP reclama un pacto antiterrorista con el PSOE pero es un problema que necesita el consenso de todas las fuerzas políticas, no sólo de las dos mayoritarias.