Trepucó. El depósito mezclador, a punto de inaugurarse, permitirá reducir el nivel de nitratos

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Una moción del PSOE propició el acuerdo político, del que se descolgó EM-IU, para constituir la comisión de seguimiento y análisis sobre la potabilización

F. SABORIT

Es Castell

El Ayuntamiento de Es Castell constituirá de manera inmediata y urgente una comisión específica para el seguimiento del estado del agua destinada al consumo del municipio, según el acuerdo plenario alcanzado ayer por todos los grupos políticos a excepción de Esquerra de Menorca (EM-IU), cuya representante reclamaba estudiar la aplicación de una moratoria urbanística hasta que se resuelva el problema de la excesiva concentración de nitratos.

Una moción presentada inicialmente por el PSOE, a la que realizaron sus aportaciones y se sumaron finalmente PP, Independents y PSM-Els Verds, propició un texto consensuado en el que se aprueba crear esta junta de control formada por la alcaldesa, un miembro de cada grupo político, un representante de la empresa concesionaria SOREA y el secretario de la Corporación. Asimismo dicho órgano podrá recabar la asistencia de técnicos municipales o externos para asesorarse sobre la situación del agua y sobre la viabilidad del proyecto de potabilización.

Aunque la solución que propone el equipo de gobierno es la construcción de una planta de ósmosis, inversión que ya se ha solicitado al Consell y en la que se espera que colabore el Govern, la resolución final corresponderá a la nueva comisión. El acuerdo definitivo no será fácil, a juzgar por las intervenciones de los portavoces ayer en un pleno que despertó el interés ciudadano y al que acudieron una treintena de personas, incluida la portavoz del PP en Sant Lluís, Maruja Baíllo.

La socialista Maria Borràs planteó dudas sobre el caudal de agua que se podría perder en el proceso de potabilización, a lo que el teniente de alcalde de Urbanismo, el edil del PP Juan Cabrera, respondió que se estima que un 86 por ciento de la aportación total de agua a la planta se recuperaría para el consumo. Por su parte, la concejala de PSM-Els Verds, María José Fullana, señaló que “el acuerdo para trabajar juntos no implica que no pida responsabilidades políticas al equipo de gobierno”. Fullana recordó que los ciudadanos tienen derecho a recibir agua potable en sus casas porque pagan sus recibos a SOREA, y criticó que en estos momentos los vecinos deban realizar un gasto extraordinario para comprar agua embotellada.

En cuanto a EM-IU, su representante en la Corporación, Joana Preto, basó su abstención en el rechazo del resto de grupos a estudiar una moratoria urbanística. En opinión de Preto, es necesario establecer un techo al crecimiento poblacional de Es Castell, que en la actualidad tiene 8.000 habitantes, hasta que no se resuelva el problema del agua y para evitar que éste se agrave en el futuro.

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