Javier Encuentro. Javier Tejero se reunió ayer en Maó con Juan Fernando Díaz y otros r

Ubicación. El CIS de Menorca ocupará un solar colindante al Cuartel de la Guardia Civil

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Las instalaciones contarán con medio centenar de plazas para reclusos de tercer grado, condenados a arrestos de fines semana y detenidos; las mujeres podrán convivir con hijos menores de tres años

M.J.F. Maó El Centro de Inserción Social de Menorca pasará de ser la eterna promesa de los últimos dos lustros a convertirse en una realidad dentro de dos años. Ése es el plazo estimado por el Gobierno y dado a conocer ayer por el director insular de la Administración General del Estado, Javier Tejero, después de haber mantenido por la mañana una reunión de trabajo con el director de la prisión de Palma, Juan Fernando Díaz, el juez de vigilancia penitenciaria y tres fiscales coordinadores penitenciarios. Poco a poco las gestiones van avanzando. En estos momentos, el proyecto de construcción se encuentra en proceso de licitación. Según Tejero, este trámite podría resolverse en uno o dos meses para después dar paso a la adjudicación de las obras por concurso. “Sinceramente, creo que es posible que esté construido en el plazo de dos años”, sostuvo. El futuro edificio tendrá cabida para medio centenar de reclusos, característica que lo convierte en “específico”. “Será un centro a la medida de Menorca, no hay ningún otro centro a nivel estatal que tenga una capacidad inferior a los 200 reclusos”, comentó Tejero. Esta especificidad viene dada por el handicap de la insularidad que, hoy por hoy, obliga a los familiares a realizar desplazamientos costosos a Palma, donde hay unos cincuenta presos menorquines, y a otras cárceles del Estado, entre las que se encuentran distribuidos otros veinte. La singularidad de las futuras instalaciones estará determinada, además, por su uso. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha decidido, finalmente, destinar el medio centenar de plazas a reclusos de tercer grado o régimen abierto, a condenados a arrestos de fines de semana y a detenidos. Decisión esta última con la que se da respuesta a una petición formulada por los ayuntamientos de Maó y Ciutadella. Los presos de primer y segundo grado seguirán cumpliendo sus penas en cárceles foráneas. El objetivo final de este tipo de centros, calificados ayer por Javier Tejero como “polivalentes”, es la reeducación y la reinserción de aquellos que han delinquido, tomando como punto de partida el acercamiento al entorno familiar. Hecho que ha sido tenido en cuenta, además, para permitir que las mujeres reclusas puedan convivir con sus hijos, siempre que sean menores de tres años. Nada se sabe del diseño arquitectónico del centro, ya que el proceso se encuentra en una fase todavía embrionaria, pero el director insular avanzó ayer que seguirá parámetros de construcción extensiva, una condición puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento de Maó a cambio de la cesión del solar de 10.000 metros cuadrados colindante con el Cuartel de la Guardia Civil. “El Ayuntamiento pidió que no fuese un cajón y será un centro modélico”, aseguró. La reunión de ayer sirvió, por otra parte, para perfilar nuevos servicios en beneficio de la comunidad. Uno de ellos se podría desarrollar en La Mola. Visita a la unidad dependiente de Menorca El director del Centro Penitenciario de Palma, Juan Fernando Díaz, visitó ayer en compañía del juez y los fiscales la unidad dependiente de Menorca, servicio que gestiona el Obispado gracias al convenio de colaboración firmado en agosto de 2006 con Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias. Este centro creado para salvar el escollo de la insularidad, que según Gallizo “repercute en el proceso de integración”, ha de servir para facilitar la reinserción de presos menorquines de tercer grado, por lo que está previsto que funcione hasta la apertura del Centro de Inserción Social. De momento, son cuatro los reclusos que conviven en la unidad dependiente.